Según diversas fuentes y estudios, el poder adquisitivo de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas sigue cayendo en picado. Desde 1982 hasta 2007, la desviación respecto a los diversos IPC de cada ejercicio, llegó hasta un 45% a la baja, que representan 127’40 € del salario medio de los funcionarios, que se estimaba en aquel entonces entorno a los 1275 € netos.
Entre los años 2007 y 2009, en las negociaciones colectivas de los representantes sindicales con las diferentes administraciones públicas del Estado Español, se inició una tendencia a recuperar poder adquisitivo, especialmente en las pagas extraordinarias y complementos de la nómina. Pero en 2010 y 2011, con la profunda crisis económica, que podríamos calificar ya de depresión, se bajaron un 5% los salarios costeados por el erario público, en 2011 sufrieron una nueva congelación (esto significó un nuevo 12% de pérdida de poder adquisitivo) y se especula con una nueva bajada de sueldos en 2012, por parte de la Vicepresidencia de política territorial y administración pública, con Manuel Chaves al frente. Si ello sucediera, se podrá producir una nueva desviación acumulada de un 20% aproximado entre 2010 y 2012.
La caída del poder adquisitivo, en tal caso, llegaría a más del 60% entre 1982 y 2012 como se aprecia en estos gráficos, y según las fuentes consultadas.
Los más de 3 millones de funcionarios (representan unos 3 millones de familias, que a una media de 3 miembros por cada hogar, afectaría a unos 9 millones de españoles) que van percibiendo año tras año como se encogen sus nóminas a la hora de hacer la compra, provocará sin lugar a dudas una nueva caída del consumo, junto con la subida del IVA, que afectará notablemente a la economía del país, pudiéndose ver miles de puestos de trabajo del sector privado en grave peligro.
La administración pública del estado y parte de las comunidades autónomas sigue “adelgazándose” por abajo, como puede apreciarse en esta tabla sobre empleo público para 2011, con tan sólo un total de 2781 plazas ofertadas, que distan mucho del número de jubilaciones anuales, que en según que comunidades autónomas ya alcanzan las 3000.
De los 23 millones de españoles que están en edad de trabajar; lo desean y pueden (por motivos de salud), unos 18,4 millones que están trabajando y unos 4,6 millones que en enero de 2010 están en el desempleo. Entre esos 18,4 millones tenemos unos 3,1 millones de funcionarios públicos: el 56% pertenece a la administración autonómica; el 18%, a la administración central; y un 26% a los ayuntamientos.
El coste total de las nóminas públicas, que sale de los impuestos de todos los contribuyentes, superó en 2010 los 110.000 millones de euros, lo que equivale al 10,2% del PIB en un año positivo. Cada ciudadano en España tiene que aportar de media y como impuestos unos 2.450 euros al año para mantener las nóminas de los trabajadores públicos. Nunca confundir funcionarios con personas que están detrás de una ventanilla. Aproximadamente un 28% del total de funcionarios en España son trabajadores funcionariales puros. El resto, un 72%, son médicos, maestros, policías, militares, correos, etc.
Un mapa del número de funcionarios en España indica también la riqueza de las comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad con menos funcionarios, un 8.3% en 2010. En Extremadura tienen el 23.3% de funcionarios sobre su población ocupada, seguida de Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía con un 16.6, 15.7 y 15.6 por ciento respectivamente. Valencia es la segunda con un 10.3%, a continuación siguen las tres provincias vascas, La Rioja, Murcia, Galicia y Madrid.
Lamentablemente, todavía no podemos saber si se tomarán medidas reales y efectivas para “adelgazar” la administración pública con otras fórmulas. Grecia e Italia son métodos divergentes de reducir gasto público. Seguro que existen alternativas mixtas para paliar el déficit de los estados de todo el planeta ante lo que parece ser, ya, la necesidad de un cambio de régimen económico ante el descontrol del capitalismo. Una mezcla de economía de mercado y control de precios de sectores básicos por parte del Estado, junto a una profesionalización de la política, desde el punto de vista puramente administrativo, mediante concurso-oposición, como el poder judicial o el militar, pero aplicado a ministerios, consejerías, concejalías…
En Bélgica se ha demostrado que con una buena administración pública, se puede prescindir de muchos cargos políticos, y los gastos retributivos, de representación, de seguridad y dietas que suponen para los contribuyentes, todos esos cargos, electos o no.
O la supresión de algunas administraciones tales como las diputaciones o los consejos comarcales en Cataluña, y la reforma de las Constitución para dejar atrás el poder legislativo bícamara, manteniendo un único parlamento español con los fondos públicos. Los 260 senadores de la cámara baja española cuestan 3.500 millones de euros anuales al erario público: Alemania tiene tan sólo 100 senadores con 82 millones de habitantes frente a los 47 millones de habitantes en España; Estados Unidos uno por cada estado de la Unión (teniendo tan sólo una quinta parte de los que tenemos en España), mientras Noruega, Suecia o Dinamarca no tienen senado.
Motivos para la reflexión, ante momentos en que, los económicamente más débiles, necesitamos respuestas contundentes para no vernos lanzados a una vorágine de malas noticias económicas a partir del próximo mes de Septiembre.
Ramon Cervera
