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La doble vara de medir que castiga al ciudadano

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Francisco Gavilán

Responsable de C’s d’Acció Política del Baix Llobregat i Garraf

Desde el área municipal, somos espectadores del incumplimiento del Govern de la Generalitat con sus obligaciones económicas hacia los Municipios. La situación es realmente extrema: la Generalitat debe al Ayuntamiento de Barcelona más de 100 millones de euros y, si sumamos la deuda total con los municipios, Consells Comarcals y otros entes locales, supera los 600 millones de euros.

Los Municipios, pequeños o grandes, se ven desbordados en el intento de atender sus deudas, ya que además deben cubrir los gastos provenientes de la falta continuada de pago de un Govern que crea o duplica estructuras de Estado innecesarias: la Hacienda catalana, la Conselleria d’Afers Exteriors o las oficinas de turismo,  que pretenden ser como consulados.

Lo irónico de esta situación es que en los Ayuntamientos del Baix-Garraf los partidos independentistas apoyan mociones a favor del sector público y la emergencia social, que son contrarias a las políticas que imponen sus compañeros del Dret a decidir en el Parlament, los mismos que en el ámbito autonómico nos intentan quitar nuestra sanidad pública, educación y derechos sociales ya que no son capaces de decirles a sus vecinos que hay que recortar el Estado de Bienestar para tener su Estado independiente.

En el sector de la sanidad, los profesionales de la medicina no piden más dinero ni una mejor jornada laboral, sino más personal y más recursos. Su único objetivo es cumplir con sus pacientes, respetando sus derechos como personas. Desde los Municipios, nos aliamos todos los partidos, para reclamar que no cierren habitaciones y no rebajen el presupuesto de nuestros hospitales de referencia. Mientras, el Govern de la Generalitat va recortando los presupuestos sanitarios.

En el área de la educación, por ejemplo, hay edificios con más de 30 años que se caen a trozos porque no tienen ningún mantenimiento regular previsto por los poderes autonómicos. Desde el Parlament, en el año 2006, ya se preveían planes de actuación para realizar reformas integrales y la adaptación de los centros a las necesidades especiales de los alumnos con movilidad reducida, pero estos planes se han quedado en agua de borrajas. La razón: no hay presupuesto. Habría que preguntarse ¿y para una Conselleria d’Afers Exteriors sin competencias, sí?

La realidad es que cuando un alumno, por desgracia, se lastima un pie, el profesorado comunica a los padres que no lo pueden subir hasta el tercer piso por las escaleras, que lo hagan ellos y que el alumno permanezca en clase toda la jornada educativa. Tampoco hay dinero para un ascensor en un centro con más de 200 alumnos. A esta situación se suman los  recortes en las líneas de P3 y en derechos laborales del profesorado impuestos desde la Generalitat.

A pesar de leer los titulares de que se hace un Pleno Extraordinario de Emergencia Social en el Parlament,  la verdad es que no ayuda lo suficiente porque, primero, el partido del Govern no cubrirá la cantidad presupuestaria necesaria para paliar la emergencia social y segundo, se sigue sin pagar a los ayuntamientos y estos tienen que cubrir, endeudándose,  las funciones de protección social que corresponden al Govern, aportando los fondos necesarios.

La emergencia social la tenemos en las calles de Cataluña y no cuando el Conseller d’Afers Exteriors va con costes pagados a Bruselas, donde no lo reciben por no tener competencias. Por ello, desde Ciutadans (C’s) pedimos el cambio de mentalidad del Govern, que atiendan lo que reclama y necesita la sociedad catalana, porque se requiere voluntad política para actuar de manera eficaz y resolver  los problemas de esta sociedad real, no de la ficticia que pretenden hacernos creer que tendríamos y que nos está resultando tan costosa.